La Comunidad Valenciana crea una oficina anti okupas para asistir a las víctimas de la ocupación ilegal

València, 2 de abril de 2025. La Generalitat Valenciana ha anunciado la creación de una oficina anti okupas con el objetivo de atender y asesorar a las víctimas de la okupación ilegal de viviendas. Se trata de una medida impulsada por el Gobierno de Carlos Mazón que responde a un compromiso electoral del Partido Popular y que ya empieza a materializarse en distintos municipios de la Comunidad Valenciana.

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, confirmó que esta oficina autonómica será gestionada por la Conselleria de Bienestar Social, Igualdad y Vivienda, y que forma parte del plan integral contra la okupación que prepara el Ejecutivo regional. Este plan incluirá, además, convenios con colegios de abogados para facilitar asesoramiento legal a los afectados.

Según datos del propio Consell, aproximadamente un 10% de las 15.000 viviendas del parque público valenciano se encuentran actualmente okupadas o sin título legal. Esta cifra ha encendido las alarmas y ha llevado al gobierno autonómico a acelerar la puesta en marcha de esta oficina anti okupación como medida prioritaria.

La iniciativa fue uno de los 50 puntos del pacto de legislatura entre PP y Vox, recogido concretamente en el punto 47, y también forma parte del programa electoral que el PP defendió en la campaña autonómica de 2023. En un acto en Playa San Juan (Alicante), los entonces candidatos María José Catalá (València), Luis Barcala (Alicante) y Begoña Carrasco (Castellón) prometieron crear oficinas anti okupas municipales para reforzar la lucha desde los ayuntamientos.

En este sentido, el Ayuntamiento de València, liderado por la alcaldesa María José Catalá, ha anunciado la inminente apertura de su propia oficina antiokupación. Según Catalá, esta unidad permitirá "desarrollar acciones públicas inmediatas ante situaciones de okupación en comunidades de vecinos", y establecerá protocolos con diferentes departamentos municipales y la Policía Local, con la previsión de que las denuncias aumenten al disponer de un canal claro y directo de actuación.

"Cada vivienda okupada es una vivienda menos para un joven o una familia que necesita empezar su proyecto de vida", subrayó la alcaldesa, quien también señaló que esta medida se complementará con políticas de vivienda pública y alquiler asequible. En paralelo, el Ayuntamiento de Alicante lleva meses operando con su propia oficina anti okupas, y Castellón seguirá próximamente.

La medida ha recibido duras críticas por parte de los grupos de la oposición. Compromís y PSPV han calificado la oficina como una "cortina de humo" para desviar la atención de los problemas reales de acceso a la vivienda. La portavoz de Compromís, Papi Robles, fue más allá al calificar la iniciativa de “auténtica barbaridad” y acusar al PP de estar "supeditado a la agenda de Vox".

A pesar de las críticas, la puesta en marcha de las oficinas anti okupas ha sido bien recibida por asociaciones de vecinos y plataformas de afectados por la okupación, que reclaman desde hace años herramientas públicas eficaces para luchar contra la ocupación ilegal.